También reaparecieron las criticas respecto del gasto que significa mantener el Congreso y la desproporcionalidad entre costo-beneficio cuando se recurre al cálculo de lo oneroso que resulta cada senador o el de una ley sancionada por ellos. Digamos que son argumentos baladíes en relación al verdadero problema.
La sociedad en general percibe que los representantes van contra ellos mismos, que actúan como una “clase” con intereses propios, aislada de sus representados. Sienten que esta nueva clase dominante utiliza el poder que se les ha delegado en beneficio propio y no del bien común.
El modelo de representación vigente, al ser libre y desvinculada, facilita el divorcio entre representantes y sociedad. La banca es del senador, nadie puede reclamarle nada respecto de su actuación como representante, ni por lo que dice, ni por lo que propone, ni por lo que vota.
Los miembros del congreso asumen una posición de autonomía total respecto de quienes lo eligieron. Su única guía es su propia percepción de cuales deben ser los intereses a promover o defender en relación a sus votantes. Prima la conveniencia de la carrera política propia. Nunca van en consulta a sus mandantes. Sus electores nada pueden exigirle o reclamarle a él, salvo el castigo de no votarlo en las próximas elecciones, sistema electoral mediante, que, para decirlo en una frase, “privilegia los derechos del candidato y no del elector”.
Quienes desnaturalizan con sus actos la representatividad ni siquiera pueden ser denunciados por traición a sus promesas electorales, pues el sistema vigente las reduce a una devaluada declaración jurada ante una Justicia Electoral que nunca actúa.
El problema no está en qué representante elegimos, sino en el hecho que una vez elegido deja de responder a los intereses de sus mandantes y queda al servicio de los intereses de la clase de los representantes. No debería sorprendernos, por tanto, el propio aumento de sus dietas.
¿Y el Senado, de que la va?
El Senado fue concebido como el órgano de participación y representación de las Provincias en el Gobierno Federal. Su base es territorial, no poblacional como Diputados, por ello es que sus miembros tienen el mandato de representar los intereses de sus respectivas provincias, no posiciones partidarias.
Así lo registra el proceso de nuestra historia institucional, desde la Declaración de la Independencia (1816), los pactos preexistentes a la sanción de la Constitución Nacional (1853) y su primera reforma (1860). El Senado debe en definitiva garantizar que el Presidente no agravie el federalismo de la Constitución ni los gobernadores agravien la Presidencia como expresión ejecutiva de la unidad federal. Asegurar la unidad de la Nación respetando la diversidad de las provincias.
Vale aclarar, para entender el proceso de desnaturalización del Senado, que el sistema de partidos en nuestro país ha nacido como consecuencia y al servicio de grandes liderazgos que los han engendrado y sostenido mientras ellos mismos perduraban. Ha sido precisamente esos fuertes liderazgos los que marcaron nuestra historia política y que también condicionaron la conformación y el funcionamiento de los órganos de representación y contralor de ese poder. De allí el interés de someterlos de unos y la tentación de dejarse someter de otros.
La “partidocratización” del Senado, fáctica antes de 1994, devino en formal a partir de la reforma Constitucional donde el factor distintivo es la pertenencia partidaria del senador y no la representación de los intereses de la provincia de origen (Pacto de Olivo).
El órgano federal por excelencia se divide ahora en bancadas partidarias, internamente fraccionadas, que abandonaron el sentido de ser representantes ante el poder central de los intereses de las provincias. El toma y daca partidario devaluó institucionalmente a la cámara alta.
Hacia un adecuado modelo de representación federal
Lo que se requiere es volver a la elección de los Senadores en modo indirecto en su provincia, según el marco institucional que cada una establezca. Su mandato debe reducirse a cuatro años que coincidirán con el período gubernamental de la provincia que representa. Podrá ser removido por la legislatura provincial mediante procedimiento de juicio político cuando se aparte de su mandato representativo. Las dietas y demás emolumentos de los Senadores deberían ser fijadas y atendidas desde el presupuesto provincial. Podría mantener el número de tres senadores por provincia donde dos sean elegidos por el oficialismo gobernante local y uno por acuerdo de la oposición con representación legislativa.
Nos parece un camino realista para recuperar en parte el principio federal y de representatividad establecido en nuestra constitución.
Por Pablo Berarducci
