El kirchnerismo cargó ideológicamente contra el modelo inspirado en el Consenso de Washington y nos entregó una nueva ley de educación (26.206). Con ella diluyó el derecho educativo de los padres. La educación pública solo debía ser estatal y creó un modelo de financiamiento nacional que sustraía fondos de la coparticipación federal para luego dárselo a las provincias con imposiciones ideológicas tanto en la capacitación docente como en las prácticas áulicas. Durante este período se sancionan leyes e implementan programas que imponen la ideología de género, homogenizan la cultura escolar, debilitan la personalidad institucional de los centros educativos y someten la autonomía educativa de las provincias con la billetera ministerial.
El macrismo intentó fallidamente desmontar aquello que el relato kirchnerista llamó “la década ganada” debido a que su agenda cultural era idéntica a la de los K, solo diferían en algunas cuestiones vinculadas a lo presupuestario y a los sistemas de evaluación y control.
Este largo derrotero fue calificado negativamente como “el gran simulacro” (Aguerrondo) o “la tragedia educativa” (Etcheverry). Los resultados obtenidos no dan lugar para otro tipo de calificativos.
Precisamente las pruebas Aprender 2022 realizadas por el Ministerio de Educación que evaluaron a 397.687 estudiantes de 5° y 6° año de 11.672 escuelas secundarias en todo el país, con 12 años de escolarización (2010-2022) indican que:
Un dato llamativo es que, por primera vez desde que se toman las evaluaciones nacionales solo el 0,1% logra desempeños destacados. La proporción de estudiantes con nivel de aprendizaje “avanzado” viene cayendo desde hace 10 años. Del 7,4% de los alumnos en 2013, se redujeron al 2,6% en 2019 y en esta última edición prácticamente desaparecen. En ninguna provincia llegan al 1%.
La UNESCO sumó su advertencia respecto del crónico deterioro del sistema educativo argentino basándose en los resultados de sus pruebas ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo) que en su informe 2023 señala la caída en picada del sistema y su notorio atraso. Los alumnos argentinos tuvieron un fuerte retraso en su desempeño: la mitad de los alumnos de 3er. grado no comprende lo que lee. Estos resultados (similares a los obtenidos en las pruebas PISA) confirman la debacle educativa de casi tres generaciones de alumnos.
Aquellos objetivos proclamados de resolver la fragmentación y desigualdad social convirtiendo a la educación en prioridad nacional y en motor de la movilidad social ascendente fueron convertidos en palabras huecas por una política y un sistema educativo que reproduce las desigualdades y frustra los proyectos personales de millones de jóvenes.
La pedagogía de la compasión, del abandono de las exigencias, del no aprendizaje (“aprobaciones de curso por decreto”, “calificar es estigmatizar”, “profesionalizar docentes es ir contra sus derechos laborales”…) suma, año a año, ingentes cantidades de jóvenes engañados con un cartón que certifica que sabe pero que en realidad no está preparado para las exigencias del mundo actual. Solo le queda el camino de empleos de baja calidad o de vivir de un “estado presente”.
¿Es posible transformar la educación en una herramienta que ayude a construir una nación más sabia, más ética, más adecuada a la sociedad del conocimiento y más equitativa para que todos puedan alcanzar sus perfecciones personales?
Se requiere para ello un cambio educativo, un salto cualitativo que deje de lado aquellos paradigmas que nos trajeron a la frustración. El cambio requerido debe comprender los fines de la educación, sus contenidos y todos los niveles de enseñanza. Debe comprometer al gobierno nacional, las provincias y los municipios en la definición de políticas educativas. Debe devolver a las familias sus derechos fundamentales. Debe jerarquizar la escuela como el ámbito donde se realiza el aprendizaje y se da el encuentro entre el que enseña y el que aprende.
Dejamos indicados algunos puntos que según entendemos son necesarios para iniciar el salto educativo.
Federalizar la política educativa.
La competencia de la educación obligatoria es de las provincias por lo que se deben desmontar las estructuras y las invasivas intervenciones del gobierno nacional en materia de organización, financiamiento, contenidos y sistema de formación docente. La educación pública no es sinónimo de educación estatal como se nos viene imponiendo, es un bien social y un bien personal. Por ella el hombre alcanza un grado de perfección en el desarrollo de su propia personalidad y ello repercute en el bien de la comunidad. A ciudadanos más educados, sociedades más justas. De ahí el interés público en la educación, pero de ello no se debe concluir que el estado sea el titular de tal derecho. Por el contrario, la injerencia directa del estado se da en la formación de sus cuadros (administración, defensa, justicia) y no en la formación básica. Su intervención solo debe ser subsidiaria. La descentralización educativa debe reconocerle a los gobiernos locales una clara competencia por cercanía, integración social y adecuación a las condiciones socioeconómicas del lugar.
Garantizar a todas las familias la libertad de educar a sus hijos.
Los hijos no son del estado, ni de la escuela, ni de la iglesia. Los padres deben poder ejercer el derecho/deber de educar a sus hijos eligiendo establecimientos, recibiendo un financiamiento equitativo para ello (existen diferentes modos), interviniendo en los contenidos formativos de sus hijos y controlando la calidad de los servicios educativos que reciben. Actualmente las familias que pretenden ejercer la libertad educativa se ven afectadas doblemente por un estado que se actúa como dueño de la educación. Por un lado deben abonar las cuotas del colegio de sus hijos y por otro aportar al financiamiento de la educación estatal pagando impuestos. Los aportes que reciben algunas instituciones privadas terminan restándole autonomía pues es el estado el que fija la planilla salarial y las cuotas desatendiendo la realidad económica e institucional lo que está llevado al quebranto a los colegios. Además, el estado no solo impone estos condicionamientos económicos sino que los contenidos oficiales son instrumentos ideológicos de adoctrinamiento cultural y político, los que deben ser acatados obligatoriamente.
Recuperar la institucionalidad de la escuela.
No existe un solo modelo de escuela, como tampoco existe un solo modo de gestionarla o de establecer sus objetivos. Se debe dotar a las escuelas de autonomía mediante la puesta en vigencia de modelos institucionales educativos participativos. El PEI (Proyecto Educativo Institucional) es una herramienta estratégica que debe ser recuperada, remozada y respetada. El PEI debe fijar las orientaciones generales de cada escuela (identidad, objetivos, estructura organizativa), los contenidos curriculares (Qué, cómo, cuándo enseñamos. Qué, cómo, cuándo evaluamos) y las normas internas que regulan su funcionamiento. El PEI es una suerte de carta fundacional, en él están los mandatos, las expectativas y los modos. No es un documento de lectura, debe ser un plano, una cartografía que guía las intervenciones de los padres, los docentes, las autoridades, la comunidad. Las instituciones educativas son de la sociedad, no del estado.
Incrementar el capital social y el capital humano.
La inversión en educación tiene tasas de retorno privada comparables a las inversiones en capital financiero y físico. Quien alcanza un título de grado universitario tiene un retorno de por vida de la inversión realizada por su familia y la sociedad (M’hijo el doctor). La educación y la capacitación para el mundo del trabajo incrementan la productividad de los trabajadores. La mayor calificación permite la incorporación de tecnología y con ello se incrementa la productividad de toda la economía. Esto genera mayor confianza recíproca, arraigo de población y de inversiones, mayor densidad asociativa y calidad institucional asegurando una sociedad más justa.
Superar el cáncer de la pobreza y la desintegración social solo será posible mediante la formación de capital social y humano a partir de un salto educativo.
Por Pablo Berarducci
