Lo que ocurrió en la Escuela de Policía de Tucumán con los exámenes de ingreso para el ciclo 2024 no es una luz de alarma, es la evidencia de un fracaso. De los 1.400 aspirantes que se presentaron a rendir el examen teórico solo aprobó el 0,8 %.
La totalidad de los postulantes que desaprobaron el examen de conocimientos generales -propios de un graduado secundario- son jóvenes que en promedio cursaron ese nivel educativo durante los últimos ocho años bajo el gobierno de Juan Manzur y de Juan Pablo Lichtmajer como ministro de educación.
Frente a la primera y lógica pregunta acerca del:
– ¿qué pasó? diremos:
– lo que tenía que pasar.
Tucumán viene ocupando desde hace mucho tiempo los últimos lugares en las pruebas de evaluación de calidad educativa.
Las pruebas APRENDER realizadas por el Ministerio de Educación de la Nación dejaron a Tucumán mal parado. Del total de alumnos egresados del secundario durante el año 2022 solo 9 de cada 100 alcanzaban el nivel de aprendizaje esperado.
Los diferentes problemas estructurales del sistema educativo provincial dieron lugar, ya en mayo de 2021, a que el ex ministro Lichtmajer fuera interpelado por el Poder Legislativo debido a los malos resultados en su gestión.
En septiembre del mismo año la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura rechazó lapidariamente el informe brindado por el titular de la cartera educativa «por las numerosas irregularidades e inconsistencias tanto argumentales como jurídicas encontradas en la exposición brindada ante la Legislatura» según reza el dictamen.
Todo hacía pensar, en ese momento, que se avecinaban cambios en la cartera educativa. La respuesta fue un DNU (luego ratificado por los mismos legisladores que reprobaron al ministro) que declaraba la emergencia educativa y facultaba al ministro desaprobado a la contratación directa para la implementación de mejoras que él considerara en el sistema. Vencido el plazo establecido por la emergencia educativa original le fue ampliado sucesivamente mediante las leyes 9.544 y 9.669.
En la última sesión legislativa del año 2023 se renovó la emergencia mediante Ley 9.737 para las nuevas autoridades educativas. Un año más de contratación directa para superar la nunca resuelta emergencia sistémica. ¿Y van…?
La mala performance de resultados en la calidad educativa que acumula el sistema anticipaba a gritos el fracaso ocurrido en las evaluaciones de postulantes a la Escuela de Policía.
Al no haber profundas transformaciones en la política educativa los magros resultados seguirán repitiéndose. Es poco probable que sea el mismo enfermo capaz de formular el diagnóstico adecuado y que, además, esté dispuesto a aplicarse el tratamiento más apropiado.
La dinámica social y cultural de las nuevas generaciones, las exigencias del mercado del trabajo, las expectativas de realización y de progreso personal propias de un mundo globalizado le han pasado por arriba al alambicado y obsoleto sistema educativo provincial. Su capacidad de acción ha sido vulnerada.
No se puede seguir esperando que ocurran catástrofes generalizadas para que se reconozcan los errores y se decidan los cambios. Ya tenemos suficientes evidencias de ello. “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.
La reiterativa declaración de emergencia educativa no debería estar centrada en la sospechosa habilitación para la contratación directa, sino en superar el fijismo y la estandarización.
Se requieren cambios en el sistema formador docente; abandonar el modo y los órganos de selección para los cargos docentes; incorporar nuevos actores y estilos en la supervisión de escuelas; dejar de lado la pedagogía del clientelismo; descentralizar la gestión sobre escuelas más autónomas; establecer alianzas entre lo público y lo privado, entre otras cuestiones.
El sistema seguirá entregando a nuestros jóvenes un cartón que dice estar formado y en condiciones para afrontar una nueva etapa de su vida, pero en realidad se los está engañando y empujando a la decepción y el fracaso.
Escuela de Policía: Aprobado.