Esquizofrenia económica

Argentina se debate cíclica y pendularmente entre falsas opciones: centro/interior; estado/mercado; campo/ciudad; ajuste/emisión… etc.

Si nos aproximamos a la realidad observamos que la satisfacción de los bienes fundamentales para el desarrollo humano no se cumplen. Los indicadores de pobreza son claros y se debe hablar de una pobreza sistémica y estructural que afecta severamente a las generaciones más jóvenes.

Es claro que la pobreza en estos términos conlleva la perdida de bienes fundamentales para la existencia, de dignidad y además arrastra a la pobreza moral de los que no son pobres materiales.

Según los informes oficiales (INDEC; Observatorio UCA, Banco Mundial) tenemos que:

8 de cada 10 argentinos no cubren la canasta básica. El 50% de las familias (sumando los ingresos de sus integrantes) no cubren la canasta básica

El 10% de la población más pobre recibe el 1,3% de los ingresos mientras que el 10% más rico recibe el 33,2%.

Argentina tiene una deuda externa de U$S 450.000 millones

Los dólares en manos de argentinos, sacados del mercado productivo, ascienden a U$S 500.000 millones (INFOBAE 29/6/2022).

Según el último informe técnico del INDEC sobre la Encuesta Permanente de Hogares (que se realizan en 31 aglomerados urbanos) muestra que la diferencia de ingresos mensuales entre el primer y el último decil es de 13 (trece) veces.

La esquizofrenia económica que padece nuestro país lleva a la desintegración social.

La mala e inequitativa distribución del ingreso se debe a que nuestro crecimiento no genera propiedad participada, no crea puestos de trabajo, consume el ahorro social e hipoteca el crecimiento. No queremos sobreabundar en el diagnóstico dejamos por el momento de lado la crisis educativa; la concentración, despoblamiento y freno poblacional; las asimetrías regionales en la distribución de las riquezas; etc.

Economía más amigable

Ante el agotamiento evidente del modelo keynesiano, de los intentos socialdemócratas para equilibrar con un socialismo moderado, las teorías de concentración y derrame o del modelo económico de matriz globalizadora, que vienen practicando los sucesivos gobiernos argentinos debemos recuperar aquellos principios fundamentales de economía contenidos en la ética social cristiana.

La economía es una ciencia que estudia el comportamiento del hombre, inserto en la vida social, frente a los bienes y recursos escasos y útiles buscados para satisfacer necesidades y alcanzar un mayor bienestar. Por tanto, la economía debe estar subordinada a la política y a la ética.

La ética social cristiana, en cuanto moral social, reflexiona y juzga las realidades económicas pues la razonable satisfacción de los bienes materiales es una condición exigible para el desarrollo humano. Su fundamento está claramente expresado ya desde el Génesis, las cosas son puestas por Dios para todos los hombres, para que mediante ellas alcance su fin natural y sobrenatural.

La llamada crisis económica debería analizarse, interpretarse y proponerse alternativas desde esa perspectiva y no desde meros tecnicismos de la ciencia económica muchas veces sesgada ideológicamente.

La justicia social propuesta desde el social cristianismo supone un crecimiento proporcionado, territorial y sectorial, con una distribución del ingreso, que no incremente ni las brechas sociales ni las asimetrías territoriales para garantizar equilibrio. (desde ya observamos que la llamada responsabilidad social empresaria es un paliativo discrecional sin obligarse con el principio de justicia y el clientelismo político distributivo termina afectando la libertad y la dignidad de las parsonas)

Respetar principios fundamentales: oferta y demanda (ley propiamente económica ya explicada por Aristóteles en su Ética); reciprocidad proporcional en los intercambios (ley propiamente política para la concreción de la justicia social) y subsidiariedad (reconocimiento de las autonomías y competencias territoriales, sociales y sectoriales)

“todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, al destino universal de los bienes están subordinados: no deben estorbar, antes, al contrario, facilitar su realización, y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad primera” (Pablo VI, Populorum Progressio, 268)

“Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos.” (Francisco, Evangelii gaudium, 204)

Propiedad para todos

Chesterton hablaba de “distributismo” que no era otra cosa que hacer propietarios a todos. La propiedad es la garantía de las libertades personales y la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano pleno. Claramente fue planteado por Juan XXIII en Mater et Magistra, 75 y por Juan Pablo II en Laboren exercens, 14; se requiere una organización profesional de la economía, donde se concrete la justicia distributiva, que no es aritmética sino proporcional, lo “debido a las partes” para que haya un crecimiento conjunto de la sociedad y no se produzcan distorsiones acumulativas sobre un sector en detrimento de otros. Esto se logra con políticas públicas, tributarias, monetarias, financieras y comerciales.

Un ejemplo: salario justo

El concepto de valor subjetivo y objetivo del salario está suficientemente desarrollado por la DSI, lo necesitamos es implementarlo. La justicia social es imposible si los obreros no llegan a formar un módico capital con la diligencia y el ahorro (ver Pio XI, Quadragesimo Anno).

Sabemos que incremento salarial impacta en el aumento de los precios, al ser el asalariado un consumidor nato tal incremento se diluye al concurrir al mercado, por el solo hecho de intercambiar tiende a retrasase en términos económicos. Cuando se le exige al capital-patronal resarcir ese retraso, se inicia un nuevo ciclo que termina incrementando el valor de los bienes de consumo en el mercado.

Para evitar este ciclo negativo deberían establecerse formas de accionariado dando cumplimiento al derecho constitucional que tienen los trabajadores de participar en la ganancia de las empresas (art. 14 bis CN) posibilitando que el asalariado se capitalice con el retraso salarial y en el próximo ciclo económico reciba la renta de dichas acciones. El empresario no eroga, pero se ve obligado a la inversión productiva porque deberá pagar rentabilidad sobre ese capital que conservó. Si el accionariado se organiza por actividad, despagándolo del vaivén empresarial, resultará más conveniente, es relativamente simple establecer el crecimiento promedio por ramas de producción y/o servicios y desde allí, con parámetros objetivos de mercado, fijar la renta de las acciones que están en manos de los asalariados y fueron emitidas por las empresas en su favor. Esas acciones pueden ser administradas asociativamente (gremios o fondos gerenciados) y actuar como ahorro social desde donde se invierte en salud, vivienda e incluso bajo la forma de crédito para el desarrollo de la actividad. Esto permitiría desmontar el aparato de seguridad del estado nacional y descentralizarlo sobre las organizaciones (empresariales, gremiales y territoriales).

La política salarial no solo dará mayor capacidad de consumo del trabajador, sino también, capacidad de ahorro e inversión, ahorro previsional, por ejemplo. Este ahorro que pertenece a los asalariados, puede convertirse en inversión para el financiamiento de empresa productivas o fondos de inversión (ver Pio XI, Quadragesimo anno)

Otro ejemplo: descentralización

La concentración económica y el centralismo político van juntas y son causa y efecto de muchos de los males que nos aquejan, uno de los aspectos centrales del principio de subsidiariedad es permitir el desarrollo y competencia de los órganos inferiores o de menor complejidad respecto de los de mayor jerarquía o complejidad. Un modo de implementar la subsidiariedad en el entramado socio-político es el federalismo de base municipal.

Sobre este primer escalón de la vida política que es el municipio autónomo, en lo institucional, político, económico financiero y administrativo, según lo establece el art. 123 de la CN o sobre regiones plurimunicipales previstas en el art. 124 de la CN, se deben desmontar los servicios de salud, educación y asistencia social, dotándolos de capacidad impositiva, eliminando los impuestos distorsivos e invirtiendo (poniendo al revés) la pirámide fiscal. El municipio coparticipa a la provincia y está a la nación, según un claro cuadro de competencias exclusiva y concurrentes, respetando los principios políticos y fiscales definidos en el marco de la constitución (hoy claramente violados).

Solo sobre esta base podrán arraigarse territorial y culturalmente las familias. Recomponer tejido social y crear condiciones de desarrollo humano justo.