El gasto y las elecciones 2023. Por Mariano Obarrio

Pese al ajuste, el Gobierno aumenta partidas en áreas claves, y lanza un plan de ascenso en el estado. Por Mariano Obarrio/ A24

En plena cumbre del G-20 el gasto público genera controversias al presidente

Alberto Fernández avaló la Resolución 53/2022 de Jefatura de Gabinete que dispuso ascensos voluntarios sin los requisitos y por excepción. Descontrol en planes sociales, pases a planta permanente y refuerzo de cajas

El ajuste que no fue. El gobierno de Alberto Fernández se enredó en una maraña de planes sociales, empleo y gasto público. Mientras la pobreza crece por el aumento de la inflación, que no puede controlar, la Casa Rosada lanzó un plan de ascensos en el Estado por decreto, oficializó 11.000 cargos en planta permanente, y detectó 253 mil planes Potenciar Trabajo irregulares que no se decide a dar de baja.

Mientras tanto, en la Ley de Presupuesto del año próximo, que sancionará el Senado esta semana, los organismos que están en manos de La Cámpora incrementaron sus partidas por encima de la inflación. No harán el ajuste fiscal que ordenó el ministro de Economía, Sergio Massa, para cumplir las metas del acuerdo con el FMI. En un año electoral como 2023, no escatimarán en partidas.

Los empleados públicos ya tienen asegurado para fin de año un bono de 30.000 pesos en diciembre. Los jubilados tendrán tres bonos de 10.000 en diciembre, enero y febrero. Falta definir los trabajadores privados.

El presidente Alberto Fernández definirá un bono por única vez para los empleados registrados cuando vuelva de la Cumbre del G-20 y luego del acto de Cristina Kirchner, el jueves, en La Plata, por el Día del Militante Peronista. El Presidente descartó decretar una suma fija que se incorpore al salario, como pide Cristina Kirchner, pero acepta un bono.

Resolución 53: un nuevo régimen excepcional de ascensos de empleados

Según pudo saber A24.com, la resolución 53 de la jefatura de Gabinete, del 22 de marzo de 2022, creó un nuevo régimen de ascensos en la Administración Pública Nacional (APN) que es por única vez. Cualquier empleado de planta permanente de categorías C o D, las más bajas, puede ascender hasta dos niveles, a la B o la A, con solo pedirlo y sin cumplir con los requisitos habituales y con excepciones.

La norma dispuso la creación del Régimen Transitorio y Excepcional para la Readecuación Voluntaria de Grados para el personal del Sinep (Sistema Nacional de Empleo Público).

Con ese nombre pomposo se creó un mecanismo “por única vez” para ascender a empleados sin motivos. “Es en toda la APN, es un convenio con los gremios, ascensos por verticalidad, no se rinde examen, y sólo tenés que tener los requisitos que se pide para cada categoría. Hay excepciones digitadas por ellos en muchos casos. Está el gremio y La Cámpora muy metido en esto”, dijo a A24.com un funcionario de planta de la Presidencia con 30 años de antigüedad.

La resolución fue dictada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que dirige Ana Castellani, y que depende del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Dos fuentes allegadas a Manzur y una del área de Empleo Público evitaron responder a A24.com.

El nuevo régimen caducará el 31 de diciembre de 2023

“Hay una modalidad de ascenso vertical que salió en el Boletín Oficial, y también están ascendiendo a los contratados. Desde el año pasado pasan todos a planta permanente. Todos los días nombran gente en altos cargos. Todos por vía de excepción”, contó otra funcionaria del área en reserva. Lo mismo aseguró otra fuente del Ministerio de Justicia. “Tienen un año todavía para seguir nombrando y dejarlos al gobierno que viene”, dijo.

La resolución 53 también dispuso el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para el personal. Las jurisdicciones deben enviar a la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía la nueva conformación de la dotación de personal y sus sueldos, para que ésta apruebe el nuevo gasto.

Lo más sugestivo es que el “presente régimen será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023 para el personal de planta permanente incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo”. Precisamente, servirá para sembrar nuevos ascensos que deberá heredar el próximo Presidente.

Pasaron a la planta permanente a 11.000 empleados temporarios

En línea con la resolución 53, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, oficializó hace dos semanas el pase a planta permanente de 11.000 empleados públicos. La medida se dispuso mediante la Decisión Administrativa 1086/2022 y estableció “que habiéndose iniciado en los distintos organismos que conforman la Administración Pública Nacional procesos de selección de personal para la cobertura de cargos de planta permanente es que resulta necesario incorporar y asignar cargos”.

Los concursos se dispusieron por la “Regularización de Empleo Público”, que busca confirmar a empleados contratados en forma transitoria. Se amparó en que no habrá nuevo personal agregado, ni nuevos sueldos, sino se contratan a empleados que ya existían pero con categoría de transitorios, según dijo la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.

En todo caso, el personal temporario podría ser cesanteado sin otro acto administrativo que no renovarle el contrato y permitiría una flexibilidad para reducir el gasto en tiempos de austeridad. Al pasar a ser planta permanente, empero, cobran estabilidad laboral, aunque no ingrese por concurso.

El Ministerio de Economía, que dirige Massa, decretó el congelamiento de nuevos ingresos al Estado, pero pasó a 2735 empleados que ya estaban a la planta permanente; Desarrollo Social, 1722; Salud, 1191, Ciencia y Tecnología, 500; Cultura, 437, y Justicia y Derechos Humanos 430, entre otras áreas relevadas.

Polémica por los planes sociales

El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se suspendan los planes sociales mal otorgados a personas que no los necesitaban, que por su patrimonio pagaban bienes personales, compraban dólares o tenían más de una propiedad. La oposición parlamentaria le pidió explicaciones al Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, y citó a declarar al Congreso a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Luego de conocerse esos pases a planta permanente, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que la AFIP detectó 253 mil planes Potenciar Trabajo irregulares. El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se suspendan esos programas por no cumplir los requisitos para recibir la ayuda que otorga Desarrollo Social. Todavía no está claro qué hara Tolosa Paz al respecto.

Marijuan, en cambio, pidió investigar judicialmente una defraudación al Estado. La denuncia quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, que deberá decidir si suspende los planes.

La causa podría unificarse con otras causas que investigan irregularidades en programas asistenciales de diverso tipo. La base de la denuncia fue un informe de la AFIP hecho por pedido del ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta sobre los más de 1,38 millones de planes Potenciar Trabajo.

Los planes sociales del escándalo: autos, aviones, bienes personales

Según el informe de la AFIP existen:

253.184 beneficiarios pagaban bienes personales;

35.398 compraron dólares;

52.987 son "dueños de inmueble, automotor, embarcación o aeronave";

44.235 tenían ingresos de más de dos salarios mínimos;

63.211 tenían gastos con tarjeta mayores a dos salarios mínimos,

y 39.874 "son dueños de comercios minoristas o negocios agropecuarios".

Además, 2.870 titulares cobran el Plan pese a haber fallecido; 10.477 tienen un auto de menos de año de antigüedad; 835 son contribuyentes inscriptos en la categoría C o superior; 8.019 tienen jubilaciones, pensiones o retiros, y 209 tienen medicina prepaga o cobertura social.

Marijuan señaló que “la acción delictual defraudatoria al Estado Nacional se vería perpetrada por cada beneficiario que habría engañado a la Administración Pública presentándose como un sujeto en condiciones de carencia económica para recibir una ayuda”.

El fiscal pidió a Desarrollo Social que explique las medidas que tomará con el informe de la AFIP. Ayer se supo que Tolosa Paz no los dará de baja sin antes desagregar los datos de cada beneficiario. También, Marijuan pidió que se impida seguir con la compra de dólares a los titulares.

Las diputadas opositoras Graciela Ocaña, de Confianza Pública, y Soledad Carrizo, pidieron a Tolosa Paz que declare ante el Congreso. El pedido fue firmado también por los diputados Fernanda Reyes, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Maricel Etchecoin, Mariana Stilman, Héctor Toty Flores y Hernán Reyes.

La oposición denuncia a la Cámpora

Según una denuncia presentada por un diputado radical de Evolución, los organismos kirchneristas del Estado nacional, controlados por La Cámpora, no harán el ajuste que propuso Massa para bajar el déficit fiscal y cumplir las metas del FMI.

El informe fue presentado por el diputado Rodrigo De Loredo, de Juntos por el Cambio. Según indica, esos entes controlan el 70% del presupuesto y aumentarán sus partidas en el año próximo por encima de la inflación prevista en el Presupuesto. Esos organismos de La Cámpora son Anses, PAMI, Aerolíneas Argentinas, YPF, Enarsa, Correo Argentino.

La Anses recibirá por ejemplo una partida de 13 billones de pesos, 93% más que este año, el PAMI, un 82% más, y Enarsa, un 133%. El ajuste fiscal sobre la Salud, la Educación y la discapacidad no llegó a todas las áreas del Estado y también se repartió según el criterio electoral.

Por Mariano Obarrio