El dictamen de mayoría -que firmaron entre otros, los diputados de Unión por la Patria- aúna los expedientes del Socialismo (expte. 1903/2024), del PRO (expte. 3323/2024) y de Unión por la Patria (expte. 3766/2024).
Según el dictamen, los lineamientos del Plan deberían incluir como mínimo: asesorías en salud sexual y (no) reproductiva (en escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias), fortalecimiento de la ESI, provisión de anticonceptivos de larga duración y acceso al aborto.
El PRO y la Libertad Avanza presentaron finalmente sus propios dictámenes, los primeros por diferencias en el financiamiento del personal que trabaja en el Plan y los segundos porque transformarlo en ley no cooperaría con el “proceso de desburocratización” que impulsan.
El debate en Comisión
Mónica Fein (PS, Sta.Fe): “Muchas veces las leyes surgen de propuestas que hacen los diputados, pero en este caso venimos a pedir que se convierta en ley un proceso que viene llevando adelante el Poder Ejecutivo desde el 2017 y que ha sido evaluado por organismos internacionales como muy positivo”. “Es a partir de esa experiencia que pedimos que se convierta en ley; no lo planteamos desde la teoría, sino desde la práctica”, afirmó Fein.
Silvia Lospennato (PRO, BsAs) Anticipó que su espacio político tiene diferencias con el dictamen de mayoría en materia de financiación, por lo que iban a presentar un dictamen alternativo que refleje básicamente los lineamientos de la Resolución del 2017 con la que se creó el Plan ENIA.
“Creemos en la cofinanciación en materia de educación y salud”, dijo Lospennato y aclaró que en su dictamen el acceso a la anticoncepción sigue estando a cargo de Nación, pero que ellos estiman que al personal corresponde que lo financien las provincias. “Esa es la principal diferencia”. “No hay mejor política anti-aborto que evitar el embarazo no intencional”, enfatizó.
Blanca Osuna (UP, Entre Ríos): Destacó “el abordaje integral, intersectorial y con perspectiva de género” del Plan. “Brindar a las jurisdicciones cooperación técnica, económica y financiera es clave para la implementación de esta ley”, afirmó Osuna. “Este tipo de leyes requieren políticas activas y concertadas, no sólo entre las jurisdicciones, sino también entre los estamentos gubernamentales”.
Carla Carrizo (UCR, Ciudad de BsAs): “Hay acuerdo entre los funcionarios que gestionaron el Plan, que pertenecen a tres gobiernos distintos”. Recordó que habían ido a la cámara de Diputados los funcionarios actuales y que todos coincidieron en que “al Programa hay que cuidarlo, sostenerlo y mantenerlo” y solicitó “no dividir lo que los propios funcionarios dijeron que funciona bien”. “Este programa fue focalizado funcionó y es barato”. “Tuvimos que hacer un programa nacional porque las provincias no lo habían hecho bien y no somos todos iguales, necesitamos que se garantice un piso mínimo en todo el país”.
Carolina Gaillard (UP, Entre Ríos): “Es fundamental que el financiamiento de los equipos técnicos sea hecho por el gobierno nacional”. Afirmó que “las provincias atraviesan muchos problemas” y que “exigir que los gobiernos provinciales financien a los equipos técnicos, es tornar el Plan en abstracto”. “Si no se garantiza el financiamiento no se va a sostener el Plan, con un gobierno que se caracteriza por motosierra y licuadora para todo”.
Manuel Quintar (LLA, Jujuy): Anunció que su bloque firmó un dictamen de rechazo, que no significa un rechazo al Plan, sino que entienden que no es necesario sobre-legislar el tema. Remarcó que el Plan está vigente y que va a seguir pero, añadió, “avanzar con una ley sería ir en contra de la Ley de Bases”, con la que, según Quintar, están tratando de “desburocratizar al estado
Por Portal de Prensa
