Asimismo, exige a los chicos de 14 y 15 tener el consentimiento de los padres.
Por otra parte, la legislación obligará a las plataformas a cancelar las cuentas que no cumplan con estas medidas y a crear un sistema de verificación de terceros para evitar que intenten acceder de otras maneras.
La normativa tiene el objetivo de cuidar la salud mental de los menores de edad y protegerlos de “los riesgos en línea”, ya que, según sus impulsores, están expuestos a contenidos e interacciones que podrían ser dañinos.
“Las redes sociales perjudican a los niños de muchas maneras”, expresó DeSantis en un comunicado y sumó que la ley otorgará a los padre “una mayor capacidad para proteger a sus hijos”
En un principio, la legislatura de Florida había aprobado en febrero un proyecto de ley que prohibía por completo el acceso a redes sociales para menores de 16.
Sin embargo, a fines de ese mes, DeSantis lo vetó y llevó a cabo una modificación, debido a que alegó que dicha medida limitaba los derechos de los padres.
En este escenario, los que estaban a favor de la ley afirmaban que la medida iba a poner freno a las consecuencias del uso de las redes sociales, que pueden derivar en trastornos de ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales.
Desde Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, no se tomó la noticia de la mejor manera. Así fue cómo se opuso a la nueva medida del estado de Florida, afirmando que creará problemas de privacidad de datos ya que para verificar la edad, se deberá proporcionar información personal.
Asimismo, la ley que sancionó DeSantis no hace referencia a ninguna red social en específico, pero sí afirma que sus objetivos son los sitios que promuevan la “navegación infinita”, muestren reacciones como los “Me gusta”, que incluyan videos de reproducción automática y dispongan de notificaciones y transmisiones en vivo.
De esta manera, quedarían exentos los sitios web y las aplicaciones cuya función principal sea el correo electrónico o los mensajes de texto.
Finalmente, la medida también obliga a las empresas de redes sociales a eliminar permanentemente la información personal recopilada de las cuentas canceladas y permite interponer demandas civiles a quienes no lo cumplan.