A lo largo de los días expusieron funcionarios de diferentes áreas y fue el turno de Carlos Torrendel secretario de Educación, Pablo de la Torre secretario de Niñez y Familia y Leonardo Cifeli secretario de Cultura.
Nos circunscribiremos a un par de temas previstos en la llamada ley ómnibus -Ley de los 1000 Días y Ley Micaela- y a las manifestaciones vertidas al respecto.
Modificaciones previstas
Ley de los 1000 Días
En la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, conocida como Ley de los 1000 Días, se eliminan los sesgos ideológicos (“personas gestantes”) y de conformidad con la Constitución Nacional, se precisa el inicio de la niñez en la concepción. El objetivo de la Ley pasaría a ser: “fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años”. A fin de cumplirlo se garantizarían políticas públicas para el acompañamiento familiar, la asistencia a la embarazada en riesgo y a su hijo, y el fortalecimiento de la primera infancia.
Estas políticas serían coordinadas con los estados Provinciales y Municipales para para hacer efectiva su implementación en todo el territorio nacional. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, que encabeza el Dr. Pablo de la Torre.
Ley Micaela
Ley N° 27.499 que hoy dispone la capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado, se reemplazaría por la capacitación obligatoria “en la temática de violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. La implementación de esta ley también pasaría a la órbita del Ministerio de Capital Humano.
El debate en Comisión
La exposición del Secretario de Niñez y Familia
El pediatra Pablo de la Torre presentó la Ley de los 1000 días que “amplía los alcances de la Ley anterior”.
Comentó que hace 10 años comenzaron a hacer un diagnóstico de la situación materno-infantil en los barrios. Detectaron que, en sala de cuatro, los chicos de los barrios más vulnerables conocían entre 150 y 180 palabras, mientras que en los otros el vocabulario alcanzaba entre 600 y 800 palabras. A eso se sumaba que no había suficientes salas para 4 y 5 años, por lo que algunos niños se escolarizaban recién en primer grado. Como hasta 4º grado no se repite, añadió, a los 10 años se producía el pico de abandono escolar. Muchas veces, remarcó, “esos chicos terminaban siendo el soldadito de un narco”.
A partir de aquel momento, explicó de la Torre, estudiaron los primeros 1000 días de vida de los niños (desde la concepción hasta los 2 años), “periodo fundamental para el desarrollo de la persona”. “En esa etapa se desarrolla el 80% del cerebro del adulto”, enfatizó. “Cuando un niño está en el vientre de la mamá tiene la capacidad de reproducir 250 mil neuronas por minuto”.
Reconoció que la ley anterior proveía la asignación por embarazo, pero, “con eso no alcanza, además hay que acompañar, proteger y cuidar”, agregó.
Esta ley, subrayó de la Torre, visibiliza a las embarazadas en condiciones de vulnerabilidad. Si una mamá está consumiendo o no tiene vínculos sanos, en el parto llegamos tarde. Hay que hacer una búsqueda activa de la embarazada, “el 70% de los niños que mueren en neonatología son gestados por madres que no hacen controles médicos”.
Las intervenciones de los legisladores sobre estos temas.
Danya Tavela (UCR, BsAs): pidió que la ley de los 1000 días retome los conceptos de las leyes preexistentes. Sostuvo que se cambiaría el destino de la asignación por embarazo que hoy se otorga “hasta el nacimiento o la interrupción”. Preguntó por la exclusión de “las personas gestantes” y por el pasaje de “violencia de género” a violencia “intrafamiliar”. “No volvamos para atrás con las definiciones, Argentina ya discutió desde cuando se es niño y no es desde la concepción” (sic).
Ma. Eugenia Vidal (PRO; Ciudad de BsAs): si bien elogió las políticas para la primera infancia que llevó adelante el Municipio de San Miguel, reclamó que el Plan ENIA -para erradicar el embarazo no intencional en la adolescencia- sea considerado una prioridad. “La Ley Micaela salió con consenso y se limitan los sujetos de capacitación”, afirmó.
Natalia Sarapura (UCR, Jujuy): manifestó su preocupación por la ausencia de una secretaría de género, criticó la presentación del Dr. de la Torre que “va a hacer un rastrillaje de las embarazadas”. “Las mujeres somos sujetos de derechos y exigimos que se nos trate así”. “No vamos a apoyar el retroceso de los derechos de las mujeres y de la diversidad”, recalcó.
Romina Del Plá (FIT, BsAs): Aseveró que reemplazar “persona gestante por mujer”, es querer “borrar la realidad” y que sustituir violencia de género por violencia intrafamiliar es “tapar los crímenes de odio”.
Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal, Sta.Fe): el ex presidente de la FALGBT designó como “capricho ideológico” la sustitución de “persona gestante” por “mujer embarazada” y la inclusión del “niño por nacer”. Mencionó que a partir de la ley de identidad de género “no sólo pueden quedar embarazadas las mujeres” (sic).
Santiago Santurio (LLA, BsAs): recordó que los nenes de 8 años no entienden lo que leen y que hay más de 6 millones de chicos que se acuestan con hambre.
Roxana Reyes (UCR, Sta. Cruz): elogió a la ley Micaela y destacó el consenso con que se había aprobado. Preguntó por qué se suprime en el art. 505 la “autonomía progresiva” de niños y adolescentes.
Silvia Lospennato (PRO, BsAs): le propuso al secretario de la Torre una “actitud abierta para alcanzar consensos”, porque los cambios de términos pueden ser interpretados como un “sesgo ideológico”. Elogió a la Ley Micaela, “una herramienta útil”. Habló de la reducción del embarazo de niñas y adolescentes que logró el Plan ENIA al que designó como una “política efectiva” que trascendió gobiernos.
Destaquemos que el Plan ENIA redujo la fecundidad adolescente, que no se calcula en función del número de embarazos -como mencionó Lospennato- sino de los nacidos vivos de madres adolescentes.
Marcela Coli (UCR, La Pampa): comentó que en su provincia se implementó la Ley Micaela y pidió que no se dé marcha atrás.
Carla Carrizo (UCR, Ciudad de BsAs): dijo que la Ley Micaela no es un capricho, que es un proceso político que se inició con las marchas NiUnaMenos. “La posición del radicalismo es sostener esa Ley”, afirmó.
Maximiliano Ferraro (CC, Ciudad de BsAs): expresó que “no se puede renunciar al consenso transversal que en estos años se ha logrado en materia de género” y pidió “que no se rompan las estructuras” de la Ley de los 1000 Días y de la Ley Micaela. “Leyes que les costaron mucho no sólo a las mujeres sino también al colectivo LGBT”.
Victoria Tolosa Paz (UP, BsAs): afirmó que la ley de los 1000 Días actual es maravillosa y que hoy se intenta borrar el peso de sus palabras. Sostuvo que el nuevo texto es “regresivo” y que lo mismo pasa con la Ley Micaela.
Con expresiones similares rechazaron la modificación de ambas leyes sus compañeros de bloque: Daniel Gollán, Eugenia Alianello (Chubut) y Andrea Freites (Tierra del Fuego).
Ma. Celeste Ponce (LLA, Cba.): celebró la modificación de la Ley Micaela, afirmó que la violencia no tiene género y recordó el asesinato de Lucio Dupuy.
Myriam Bregman (FIT, Ciudad de BsAs): “Niegan el patriarcado y la “opresión de los hombres hacia las mujeres”, exclamó la diputada trotskista. Habló de femicidios y “violencia de género”.
En respuesta a los cometarios recibidos de la Torre recordó el objeto de la ley de los 1000 días y volvió a afirmar que la propuesta “amplía derechos”. De modo categórico replicó que “la violencia no tiene género” y que se ejerce contra mujeres, ancianos, niños … Sostuvo que “las únicas personas con capacidad de gestar son las mujeres, independientemente de su orientación sexual” y que el propósito no es juzgarlas sino acompañarlas. “Las madres que están en situación de pobreza se preocupan por la comida de sus hijos no porque las llamen personas gestantes”. La “autonomía progresiva” de niños y adolescentes no se elimina, sigue estando en el Código Civil, replicó. Habló del fracaso de la ley Micaela y destacó que no está previsto derogar ninguna ley de protección contra la violencia.
Antes de despedirse el Secretario de Niñez y Familia le pidió a los legisladores que “piensen en los más 6 millones de niños pobres se van a dormir con hambre” y enunció las políticas que la ley pretende implementar. “Siempre vamos a trabajar en políticas públicas que cambien la realidad”, remató.
Por Portal de Prensa
