Autorizar a las parteras a hacer abortos, es una de las estrategias del plan antinatalista en marcha. La Patagonia es la región geográfica donde el promedio de hijos por mujer (TGF) cayó más en la última década, todas sus provincias están muy por debajo del nivel de recambio poblacional (2,1). Neuquén es la provincia patagónica donde ese indicador por ahora es más alto, así y todo, sus familias tienen -en promedio- un hijo y medio.
El Ministerio de Salud neuquino dictó recientemente la Disposición 465/2023 que autoriza a las licenciadas en obstetricia a recetar misoprostol y mifepristona.
La medida lleva la firma de Alejandro Ramella, Subsecretario de Salud y fue difundida en redes por la ministra Andrea Peve, que deja su cargo esta semana cuando, después de 60 años, el Movimiento Popular Neuquino abandone el poder.
Recordemos que el feminismo -junto a los organismos internacionales- brega infructuosamente desde hace años por una ley nacional que amplíe las competencias de las parteras.
Durante la gestión de Macri, el BID puso como una de las condiciones especiales para desembolsar su préstamo, que el Ministerio de Salud de la Nación promoviera en el Congreso de la Nación un Proyecto de Ley que regule el Ejercicio Profesional de la Obstetricia.
La iniciativa es además una de las directivas del Fondo de Población (UNFPA) que ha trabajado en la elaboración de los proyectos legislativos presentados tanto por el oficialismo como por la oposición.
Recordemos finalmente que el proyecto de ley que pretendía ampliar las competencias de las parteras fue firmemente resistido por muchas asociaciones médicas, entre ellas, el Colegio de Médicos de la provincia de BsAs, el Colegio Médico de Tucumán, FEMECA (Federación Médica Gremial de la Ciudad de Buenos Aires) y AMAP (Asociación de Médicos de la Actividad Privada) que hizo “un llamado a la reflexión y toma de conciencia por parte de las autoridades y sectores con incumbencia en el control del ejercicio profesional y la protección de la salud de la población, sobre el enorme riesgo que genera la modificación de incumbencias en favor de profesionales cuyo título de grado no los habilita a realizar los actos médicos que por esta nueva norma se permitiría realizar”.
Por Portal de Prensa
