En estos 45 años no solo no se reconoció a las víctimas ni sus familiares, sino que la clase política no ha dejado de humilarlas, primero negando el hecho, después homenajeando al terrorista que puso la bomba en el parque de la memoria, y por último el gobierno de la ciudad homenajeando al ideólogo del atentado Rodolfo Walsh, poniendo su nombre en una estación de subte.
Cruz del sur y otras organizaciones lideradas por la asociación de abogados por la justicia y la concordia, en 2021 pedimos la reapertura y la cámara federal ordenó reabrir la investigación del atentado.
El 2 de Julio marcharemos junto a los familiares de la víctima desde la estación Rodolfo Walsh de subte hasta el lugar del atentado, exigiendo que se haga justicia, reconociendo a las víctimas y sus familiares, que se retire la placa al terrorista que puso la bomba, y se quite el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte" Expresó Segundo Carafí.
En su momento se indicó como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza; entre otras personas que integraban la Organización Montoneros.
La resolución de la Sala I de la Cámara obliga a seguir investigando. “No se ha considerado el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas”, advirtieron los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.
En conclusión, la resolución es inválida porque prescindió considerar cuestiones previas y expresamente introducidas en derredor de la maniobra denunciada, las cuales necesariamente había que merituar para dar una respuesta suficiente en los términos exigidos por la norma antes aludida”, indica el fallo.
Los querellantes (Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Asociación “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica” y Eduardo Emilio Kalinec y Alicia de León por su hijo Ernesto Osvaldo Matienzo en su condición de víctimas directas), expusieron los motivos por los cuales requirieron la revocatoria del fallo de la jueza que cerró el caso.
En primer lugar, advirtieron la omisión de tratamiento de argumentos y prueba conducentes incorporados en la denuncia, entre lo que se destacó no abrir la investigación a los efectos de determinar si la organización “Montoneros” efectivamente tuvo apoyo, cuanto menos, de tres Estados extranjeros y organizaciones terroristas islámicas.
Por otro lado, cuestionaron que la decisión fue dictada omitiendo correr vista de la presentación de esa parte al Ministerio Público Fiscal; y que además no se resolvió el planteo subsidiario, para que –ante el caso de que se rechazara la pretensión de juzgamiento-, se desarchive el expediente y se reanude la investigación, con sustento en el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad.
Para la Cámara, la jueza Servini no evaluó “lo requerido por la parte conforme las aristas que el caso proyecta. Esto, en cuanto a la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, con los nuevos elementos propuestos; o un posible caso de grave violación a los derechos humanos”.