Aprobaron el primer programa de País para Argentina que abarcará el período 2022-2025 y valoran el compromiso del Gobierno con la agenda 2030
La Junta Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) aprobó el 4 de febrero el primer Programa de País para Argentina, que abarcará el período 2022-2025.
El Fondo de Población, que es una de las agencias más anti-vida y anti-familia de las Naciones Unidas, apoyará al Gobierno argentino en el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, los compromisos del Foro Generación Igualdad y los compromisos voluntarios de la CIPD+25, en particular en lo que toca a reducir las muertes maternas evitables, promover el empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas, prevenir los embarazos adolescentes no deseados; y promover la generación de datos desglosados con el fin de localizar las desigualdades en el territorio.
“Estos compromisos de alto nivel se cumplirán mediante cinco productos que promoverán resultados complementarios e integrados”.
El Producto 1 reforzaría la capacidad de garantizar la cobertura universal y equitativa a los servicios de anticoncepción de alta calidad en el territorio argentino.
Entre las intervenciones estratégicas de este producto están: a) garantizar la implementación continua del Plan ENIA, b) mejorar la gestión de la cadena de suministro de salud reproductiva y la garantía del “último tramo”, c) promover entre adolescentes y jóvenes, los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, d) reforzar las capacidades del personal sanitario para ofrecer información y servicios en materia de salud sexual y reproductiva.
El Producto 2 aumentaría las capacidades de los adolescentes y jóvenes, para garantizar su derecho a la autonomía corporal. Las intervenciones estratégicas están focalizadas en la ESI y el Plan ENIA.
El Producto 3 es para reducir las muertes maternas evitables y entre sus intervenciones estratégicas están: “garantizar la implementación eficaz de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en servicios sanitarios concretos en las provincias del norte”, brindar asistencia técnica para reforzar la gestión de la información sobre salud sexual y reproductiva, coordinar con otros socios (otras agencias de la ONU, sociedad civil y organizaciones científicas) el apoyo eficaz a intervenciones clave en materia de salud sexual y reproductiva.
El Producto 4 es sobre “Violencia de género y prácticas perjudiciales” y sus intervenciones estratégicas incluyen una respuesta multisectorial a la “violencia sexual contra niñas de menos de 15 años” y la implementación de políticas y planes sobre la prevención de la violencia especialmente en las mujeres y adolescentes más rezagadas y miembros de la comunidad LGBTIQ+.
El Producto 5 se orienta a transformar las normas sociales que sustentan la discriminación por género y una de sus intervenciones estratégicas es reforzar las capacidades de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, especialmente de los movimientos de mujeres, organizaciones de base y organizaciones jóvenes, procedentes de los grupos más postergados.
El programa del país será supervisado por el UNFPA y la Cancillería argentina, y tendrá una “asistencia indicativa” de 2,8 millones de dólares. Se llevará a cabo una revisión de mitad de período y una evaluación del programa nacional final. La contribución del UNFPA al Plan ENIA será un estudio de caso.
El UNFPA identificó los siguientes “riesgos de implementación”: a) “contexto macroeconómico desfavorable”, b) “avance de los grupos antiderechos, especialmente aquellos contra la salud sexual y reproductiva y derechos conexos y la igualdad de género”; y c) “inestabilidad política”.
“Para mitigar estos riesgos, el UNFPA defenderá con los responsables de la toma de decisiones las medidas dirigidas a lograr la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva y derechos conexos, demostrando su rentabilidad y sus relaciones con el desarrollo del país y la agenda internacional de derechos humanos, con la que Argentina está comprometida” b) diseñará “un plan de movilización de recursos para atraer nuevas fuentes de financiación”, c) aprovechará las asociaciones estratégicas con otras organizaciones “para combatir el avance de una agenda antiderechos”; y d) “reforzará las capacidades de promoción de las organizaciones asociadas de la sociedad civil”.
Aún con los “riesgos” mencionados el programa se implementará en nuestro país porque “Argentina ha demostrado un fuerte compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la promulgación de mecanismos institucionales para su adaptación, supervisión e integración. El país también destaca como líder regional del programa de la CIPD y el Consenso de Montevideo, con marcos jurídicos, políticos y reglamentarios progresistas en materia de salud sexual y reproductiva y derechos conexos e igualdad de género, incluidas, entre otras, la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; la Ley de Educación Sexual Integral; la Ley de Identidad de Género; la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo; y, más recientemente, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
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NOTIVIDA,
Por Portal de Prensa
